Eutanasia vs Cuidados paliativos.
Juan José Díaz Franco | 1 Febrero, 2022 | Pdf
Es antigua la reivindicación de ciertos círculos culturales integrados por
ciudadanos que vienen argumentando y reclamando que se acepte la normalización
de lo que denominan “muerte digna”,
reclamando su derecho a la regulación legal del suicidio asistido que, como en
el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, correrían a cargo de la
sanidad pública con el concurso de funcionarios sanitarios que se presten a
ello voluntariamente si, previamente, no
han argüido su derecho a la objeción de conciencia. Esta aspiración ha sido
contemplada por el actual estamento legislativo de las Cortes Españolas,
aprobando la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de 2021, de regulación de la
eutanasia.
Con esta ley, muchos facultativos
sanitarios pensamos que ha llegado antes el mensajero que el mensaje, puesto
que se echa de menos la existencia, previa a la tramitación de la ley orgánica
referida, de unos adecuados cuidados paliativos, como opción terapéutica
alternativa a la solución radical de la eutanasia, para afrontar el sufrimiento
extremo de algunos pacientes con patologías terminales o situaciones clínicas
de improbable solución, que debieran haber sido concretadas en una decidida
oferta sanitaria para asumir la asistencia integral al paciente terminal.
Respetando la realidad democrática que supone la existencia de la ley de eutanasia y la posibilidad de acogerse a ella de quienes opten por abreviar su vida acogiéndose a ella, no parece desproporcionado reclamar , dentro del más estricto espíritu constitucional, el desarrollo de la asistencia sanitaria solidaria, ética y solvente, representada por los cuidados paliativos en el trance último de la vida humana, con el esfuerzo financiero que sea preciso, para que las personas con patologías en fase terminal que así lo demanden puedan optar fácilmente a ellos, sin aplazar su implantación por criterios coyunturales basados en dilemas económicos o políticos derivados de la rigidez presupuestaria en la distribución del gasto sanitario.
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